Para atajar la corrupción no vale con dimisiones, la corrupción es resultado de delitos y deben perseguirse por la justicia, denunciarse por los ciudadanos y evitarse mediante políticas y voluntades intransigentes con la corrupción.

El caso de la Operación Púnica en Collado Villalba no está cerrado ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. De hecho, al estar aún en secreto de sumario, en realidad no se sabe prácticamente nada más que lo aludido por el juez en el auto, pero sin determinar todavía el quié, el qué, el cómo y el cuanto de los hechos por los que se está imputado el anteriror alcalde (PP) en Collado Villalba.

Es más, como ya expresé en las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la Operación Púnica del Ayuntamiento de Collado Villalba que presidí, no se ha acreditado ni el procedimiento, ni los responsables de la contratación supuestamente fraudulenta, y ni siquiera los supuestos beneficios de esa contratación con Cofely.

Pero no se puede restringir la corrupción a ese solo caso de la Operación Púnica, lo importante es que las administraciones se blinden para evitar todo tipo de corrupción.

Para ello, la principal vacuna es la transparencia. Está demostrado en sociedades más avanzadas que la nuestra que la rendición de cuentas y total transparencia de los procesos de la administración son el mejor remedio contra la corrupción, pero además hay que dotar a la administración de procedimientos que dificulten la corrupción.

Empezando por la elección directa de representantes mediante listas abiertas, el que debiera ser el primer requisito para el compromiso del representante con sus ciudadanos, al recibir el voto directo y no derivado de una lista por parte de sus representados, todo político electo debe sentir en todo momento que está ejerciendo un servicio público como gestor del dinero de sus conciudadanos.

Para ello todos los procesos y cuentas de la administración, incluidos los ingresos de políticos y cargos públicos deben ser públicos, transparentes y fácilmente entendibles, justificando cualquier desviación de las previsiones y proyectos, y exponiendo en todo momento cada procedimiento de contratación o compra, para que el ciudadano sepa qué, cómo, cuándo y para qué se emplea el dinero de sus impuestos.

También es importante despolitizar la administración. El político debe proponer y llevar a cabo políticas de cambio y mejoras para la sociedad que le ha elegido, pero no debe inmiscuirse y mucho menos acaprar todos los procedimientos de la administración. Debe estar vigilante porque se apliquen los procedimientos y se haga un buen uso de la institución y la legisiación aplicable, pero no ser arte y parte de la misma, pues para eso se designa un cuerpo de funcionarios que se deben al ciudadano y a la administración, no al político, cuyo paso por la institución es temporal y sujeto al escrutinio de sus jefes: los ciudadanos. Esto afecta no so lo a las empresas públicas, sino a todo proceso de contratación, donde debe solo primar el criterio especializado de los técnicos de la administración a la hora de la asignación de contratos y servicios. 

No creo que haga falta recordar que cada vez que los políticos han parasitado administraciones y empresas públicas el resultado ha sido corrupción absoluta e insoportable, y tenemos multitud de casos recientes, incluso aún sin resolver judicialmente. Casos como la estafa de Caja Madrid, las denominadas "tarjetas black", los EREs falsos de Andalucía o la Operación Pünica, son resultado directo de la politización de las instituciones.

Volviendo a Collado Villalba, hemos reclamado medidas contra la corrupción y de mejoras en transparencia que, de aplicarse, dificultarían enormemente la corrupción. Recientemente hemos reclamado la relación de operaciones realizadas con las tarjetas de crédito o débito asignadas a políticos o cargos públicos durante los últimos 15 años, para analizar si se ha hecho buen uso de las mismas. Hemos conseguido el acuerdo de no llevar imputados en las listas electorales o incluso que se elabore un estatuto del denunciante de corrupción para que esté protegido en todo momento y un amplio y exhaustivo código de buen gobierno que recoge multitud de medidas contra la corrupción y para garantizar la transparencia.

Queda mucho aún por hacer, y por un partido como UPyD es absolutamente necesario frente a la corrupción generalizada implantada en los viejos partidos, que no se eliminará mientras sean esas viejas y corruptas estructuras, o quienes las perpetúan, quienes sigan legislando y decidiendo sobre la gestión de las administraciones de los ciudadanos como si les perteneciesen a ellos.

UPyD somos una herramienta poderosa contra la corrupción. No solo nos blindamos como partido contra la corrupción  aplicando a nuestra organización de medidas que proponemos para toda la sociedad, Unión Progreso y Democracia está formado por ciudadanos hartos de que las élites políticas no solo no den solución a los problemas de la sociedad sino que los empeoren, y creemos y queremos que nuestra sociedad progrese, que tenga un futuro en el que todos queramos participar, un buen lugar donde vivir y prosperar, y en eso trabajamos cada día, en las instituciones, en nuestras profesiones, en la calle.