Cualquier cambio que mejorase tanto la participación directa como la representatividad de las listas electorales sería justo, naturalmente. La reforma de la ley electoral es un tema de debate recurrente, en función de quien tiene interés en plantearlo en cada momento.

Afortunadamente, la nueva República catalana tendrá que disponer de su ley electoral y ya no habrá excusas para demorar una cuestión que CiU o PSC, dependiendo de sus mayorías e intereses, han tenido bloqueada a lo largo de 30 años. Y el marco va a ser distinto. A nosotros ya no nos tocará debatir sobre si la circunscripción electoral debe ser estatal, autonómica o provincial, como se ha planteado en alguna ocasión en España. Pero habrá que abordar cuestiones centrales como las listas abiertas, con un mayor acercamiento de los cargos electos a sus votantes, y la representatividad de los electores en base al peso demográfico, pero sin dejar de lado la representatividad de los territorios. En la construcción de la nueva República, abordar este debate desde cero nos va a permitir hacerlo con nuevos consensos y pudiendo incorporar las inquietudes y sensibilidades de la nueva cultura política, de mucha más implicación y control de los ciudadanos hacia sus representantes políticos.