Tal como refieres el acuerdo cuenta con un paquete legislativo importante. Aprobadas de manera definitiva se encuentran la Ley de Transparencia, la Ley de Transexualidad de Andalucía y está convalidado el Decreto Ley de Construcción Sostenible. En fase de anteproyecto para entrar a la Cámara están la Ley de Lucha contra el Fraude, la de Participación Ciudadana, la de Memoria democrática, la de Cambio Climático, la de Movilidad Sostenible, la de Servicios Sociales, la de Juventud, y la de Deporte. Esta última junto a la que regula el Consejo Andaluz de Concertación Social se aprueban en el Pleno de la semana próxima, sesión en la que también convalidaremos los Decretos Ley sobre Cooperación Internacional y el que regula el Comercio Interior. Éste último responde a una fuerte demanda de regularización del comercio ambulante al que hemos dado respuesta. 

También ha terminado su informe el Grupo de trabajo sobre Banca Pública por lo que de manera inminente estará ultimado el anteproyecto de ley que desarrolla sus conclusiones. Aun no ha finalizado el Grupo de trabajo de Renta Básica, así que ese anteproyecto tardará algo más. Sobre el cambio de la ley electoral estamos trabajando para que efectivamente se produzca su modificación, y que la misma responda a las aspiraciones de mayor proporcionalidad y reflejo de la pluralidad social en las instituciones. Como sabes eso no es lo que quieren socialistas y populares, que siempre recurren a arreglos entre ambos para que no cambien las cosas en lo sustancial. En cualquier caso esperamos que nuestro trabajo de sus frutos y Andalucía se dote de una Ley más justa.

Por último, y aunque no formaba parte del acuerdo de gobierno, aprobamos la Ley de la Función Social de la Vivienda, con la que pretendíamos hacer efectivo el derecho humano a la vivienda, proteger a las personas más vulnerables de los desahucios y sancionar a los grandes bancos y promotoras por tener casas cerradas a cal y canto mientras miles de familias no tienen donde vivir. El gobierno del PP nos la recurrió ante el Tribunal Constitucional y Rajoy pidió su suspensión hasta tanto el Tribunal no resuelva. Ha sido un recurso político, porque la ley es perfectamente constitucional, pero con sus artimañas nos impiden aplicarla y las consecuencias, como siempre, son para las víctimas de esta crisis estafa.