Barcelona actualmente no solo adolece de falta de políticas de apoyo a la adaptación de los elementos comunes de los edificios y el interior de las viviendas, en la línea de la ley estatal de rehabilitación, regeneración y renovaciones urbanas, sino que tampoco existen estudios en todos los edificios e instalaciones públicas que doten de un mapa actualizado de todos los espacios, instalaciones y edificios públicos en condiciones de movilidad reducida. No hay políticas que permitan intervenciones en los edificios o instalaciones particulares en el mínimo tiempo posible y con condiciones de bonificaciones del 100% en los impuestos vinculados relativos a sus remodelaciones y a las tasas de licencias urbanísticas vinculadas a las obras necesarias para resolver los problemas de accesibilidad. No se ha desarrollado, ni implementado acciones para fomentar i facilitar que las empresas y las entidades privadas de uso público dispongan también de un plan de accesibilidad bajo normativa requerida.

Y desde luego existe una escasa o nula participación de  discapacitados, colectivos y asociaciones en la planificación y control políticas destinadas

Barcelona requiere de una oficina única de atención al discapacitado, donde los vecinos de Barcelona puedan obtener información, orientación, servicios de valoración de grado de discapacidad y dependencia,  prestaciones y servicios, ayudas técnicas, un servicio de inserción laboral, información de formación y empleo, en definitiva una herramienta eficaz que supla la actual amalgama difuminada y en su mayoría generada por las asociaciones existentes.

Respecto a la accesibilidad de las personas con discapacidad es  imprescindible que se vigile el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas en la edificación, en los medios de transporte y en la comunicación. El cumplimiento de esta normativa debe comenzar desde la propia administración, siendo inadmisible que sigan existiendo edificios públicos que todavía no hayan sido adaptados o transportes públicos que imposibiliten su uso a personas con movilidad reducida; rampas inoperativas, autobuses averiados en su accesibilidad en circulación, ascensores fuera de servicio o de indicación inexistente, pasos de peatones sin desnivel de acceso o con solo uno, aceras con elementos y obstáculos insuperables e incluso la falta de formación de todos profesionales implicaos en el transporte público de la ciudad.  Barcelona y el conjunto de todos sus ciudadanos sin excepción, se merecen una ciudad adaptada a sus necesidades.