La fractura y el desequilibrio social consecuencia de la crisis, es un factor condicionante de la economía decisivo, la desaparición de la clase media afecta directamente a la capacidad de dinamización de la economía. Los desahucios, la  pobreza energética, la precariedad...son dificultades cuya solución está condicionada por erradicar la crisis de desempleo. Son necesarias políticas activas desde todas las instituciones, y el ayuntamiento de Barcelona no es una excepción. En Upyd apostamos por una reforma administrativa y un Plan para la evaluación de las necesidades de capacitación ocupacional y los nuevos yacimientos de ocupación, además de un sistema  de asesoramiento y apoyo  personalizado e individualizado al desempleado, que haga especial hincapié en los  jóvenes, mujeres y mayores de 55.  Obviamente del mismo modo que es innegable la enorme crisis en desempleo, también lo es las enormes dificultades que pasan nuestras empresas. Necesitamos empresas competitivas y acabar con ese constante degoteo de fuga de empresas que  ha habido en Barcelona los últimos años, llevándose la sede a otros destinos. Las empresas y los empresarios son el mejor camino para generar ocupación. La responsabilidad y la aportación empresarial no acaba en el pago del impuesto de sociedades, y es labor de las instituciones facilitar y colaborar con las mismas. Abrir negocios en Barcelona no puede ser una carrera de obstáculos y mantenerlos abiertos, no puede ser una utopía. .Es imperativo hacer una revisión de un Plan de usos que pone en peligro sistemáticamente la supervivencia del comercio de proximidad. Por otro lado la actual tramitación a través de la declaración responsable y la comunicación previa a la actividad,  no delega la responsabilidad del ayuntamiento en ejercer su potestad inspectora y de respuesta en un tiempo razonable, necesitamos planes y programas de inspección para llevar a término un control, que dote de legitimidad y premie el correcto cumplimiento de las normativas vigentes. En definitiva, elaborar un plan de inspección con medios técnicos y humanos adecuados, reaccionar con eficacia y celeridad ante la vulneración de la normativa, además para evitar perjuicios a terceros. Es un despropósito que los costes y dificultades que deben sortear los empresarios que hacen los deberes sean motivo disuasorio para el incumplimiento por el agravio comparativo respecto a los que no lo hacen.  En el peor de los casos, que no pocos, es a raíz de las inspecciones por  molestias denunciadas que se detecta que la actividad se ejerce sin licencia. Las  incidencias relacionadas con la actividad económica no deberían  detectarse a través de quejas por molestias que ocasiona a los vecinos la actividad, en su  mayoría por ruido. Necesitamos simplificar y agilizar los procesos sancionadores, para que la actuación del ayuntamiento sea eficaz y rápida. Finalmente, no podemos obviar una realidad latente en nuestro tejido empresarial, y es la difícil situación de nuestras mujeres empresarias, especialmente en las PYMEs, para poder conciliar su vida laboral y familiar, ante la exigua oferta pública de guarderías y la incompatible disponibilidad horaria que las mismas tienen. La ciudad necesita una red de guarderías públicas no solo más  económicas y con mayor número, si no especialmente más flexible, con horarios amplios que permitan la conciliación real con el mercado laboral .