Hola Javi, gracias por la pregunta sobre la situación de Otegi.

Mi respuesta no puede ser breve porque podría ser mal interpretada; sobre todo fuera de Euskadi al existir una visión muy esquemática de una cuestión delicada en la política y compleja en el terreno jurídico. Por eso he releído notas y documentos para tratar de fijar mi posición sobre unas bases sólidas.

Pues bien, en octubre de 2009, Otegi y los demás encausados en el sumario Bateragune entran en prisión por orden del juez Garzón. En septiembre de 2011 la Audiencia Nacional condenó a Otegi a una pena de 10 años. En la sentencia establecía que "Otegi y Usabiaga desempeñaban tareas de impulsión, responsabilidad y coordinación y ejercían evidente influencia y predominancia respecto de los otros tres acusados. Otegi era portavoz autorizado del grupo extraído de la izquierda abertzale encargado de reconstruir la estructura de la ilegalizada Batasuna, todo ello con el objetivo de elaborar una nueva estrategia de ETA diseñada en diciembre de 2008, donde se hacía primar la faceta política sobre la militar, sin abandonar esta última".

El tribunal consideró, igualmente, que desde 2007 en el seno de ETA hubo un proceso de reflexión sobre cómo volver a utilizar a la izquierda abertzale como su brazo político y sobre cómo impartirle órdenes para que actuaran. "La banda terrorista -sostienen los magistrados- encomendó a los condenados la creación de una comisión de coordinación (Bateragune) que planificara y gestionara esta nueva línea estratégica de acumulación de fuerzas soberanistas." Por tanto, la Audiencia Nacional estimó que los condenados se convirtieron en "receptores de las órdenes de ETA en cuya organización están integrados". 

Se puede interpretar que la Audiencia Nacional condenó, poco antes de que ETA hiciera pública en octubre de 2011 su declaración anunciando el final de su actividad terrorista, a quienes realizaron una laboriosa tarea de convencer a su organización (Batasuna) y al mundo de ETA que el tiempo del terrorismo se había acabado y que su objetivo independentista se defendería a partir de 2009 con la palabra.  

Algunos se preguntan si a posterior, ya en la fase de recursos, los tribunales ( el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional) no deberían haber tenido en cuenta la nueva situación política creada frente a la fuerza del Código Penal y a la historia de ETA. La propia legalización de las candidaturas de Bildu, Amaiur y del nuevo partido SORTU - del que Otegi es Secretario General- así como los pronunciamientos de ETA y de sus presos aceptando la legislación penitenciaria suponen contrapuntos importantes a las consideraciones que hace la sentencia, cuando menos en el terreno de la política. 

Lo cierto es que sólo un año después, en 2012, el Tribunal Supremo estimó en parte el recurso de Otegi y rebajó las penas que había impuesto la Audiencia Nacional pasando de 10 años a 6 años y medio (!), alegando que los condenados eran integrantes de ETA pero no dirigentes. Me parece evidente que otras razones pudieron influir en esta nueva  sentencia o que, con anterioridad, la Audiencia y la Fiscalía no estuvieron "finos". 

La realidad es que los condenados han cumplido las 3/4 partes de sus penas (van para cinco años en la cárcel), que la concesión de la libertad condicional no entrañaría riesgos ni alarma social y que el nuevo tiempo político que vivimos podría poner en valor el papel que desempeñaron, con tensiones incluídas, para encaminar a ETA hacia su final. Sin embargo, a la vista de la polémica que surgió tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot y el jardín en el que se metió Rajoy, todos sabemos que las presiones de la derecha más dura y los permanentes cálculos electorales del Gobierno llevan al PP a una actitud inmovilista en esta y otras cuestiones sensibles. Como para hablar de indultos.  

Hay razones para defender desde una posición estrictamente política, pensando en una estrategia de adoptar decisiones pro-activas que alimenten el llamado proceso de paz, pero también desde los propios contenidos de la legislación penitenciaria, que el Tribunal Constitucional y el juez de vigilancia penitenciaria debían haber acordado la puesta en libertad condicional de Otegi, Usabiaga y el resto de los condenados. 

Ahora bien, es obligado realizar un apunte final. Los demócratas que estuvimos luchando  durante años y sufriendo las acciones terroristas también tenemos la obligación de analizar por qué Otegi y Usabiaga no han condenado el pasado reciente de ETA y no han pedido su disolución. Eso nos lleva a preguntar si la dinámica de debate interno que abrió Otegi se debió a razones de convicción democrática o de pura conveniencia y oportunismo. Alguna declaración suya con esas demandas a ETA les habría ayudado a alcanzar una libertad que, tras las el conjunto de consideraciones que he formulado,  estaría justificada en mi opinión personal.

Estas exigencias democráticas, por extensión al mundo abertzale radical, resultan   necesarias y nos llevarían al análisis de los posibles compromisos adquiridos por su parte ante ETA para que pusiera fin a su existencia, evitando que fuera considerada como una derrota. Lo que ha acabado sucediendo por la fuerza del Estado de Derecho y la debilidad manifiesta de ETA.

Odón Elorza 
Diputado Socialista por Gipuzkoa 
San Sebastián, 26 de mayo de 2014.