De ninguna manera. La inclusión de estos arbitrajes privados socavan los principios fundamentales del estado de derecho y de la propia democracia. La cláusula de Resolución de Conflictos entre Inversor y Estado, ISDS, da potestad a los inversores para impugnar las leyes establecidas en el mejor interés de cada nación, procediéndose en tribunales privados de arbitraje formados por tres abogados, donde se piden compensaciones por las pérdidas reales o “potenciales” que dichos inversores estimen puedan provocar estas nuevas leyes. Es, de facto, un sistema de justicia privado sólo para el beneficio de las grandes corporaciones transnacionales, que carece de transparencia y burla con suma facilidad los estándares legales internacionales, y donde no hay siquiera igualdad ante la ley porque solo pueden presentar demandas los inversores extranjeros. Sus decisiones son inapelables y no responden ante ninguna instancia superior.
 
Los costos legales y arbitrales de una disputa en estos tribunales suponen una media de 8M$, que suben con extrema facilidad hasta los 30M$ o incluso los 58M$ que, por ejemplo, le costó la defensa al gobierno filipino en el largo proceso contra el operador aeroportuario alemán Fraport.
Es fácil advertir las consecuencias de “enfriamiento legislativo” que puede suponer la amenaza constante de posibles demandas sobre los Estados, y como pueden ser la perfecta excusa de gobiernos mediocres o timoratos para no tomar medidas progresistas a favor de sus poblaciones.
 
Hace décadas, esta cláusula se introducía en los acuerdos comerciales internacionales cuando se hacían con algún país que carecía de un sistema legal fuerte y para evitar casos de abuso. Sin embargo, estos procedimientos legales se han disparado en los últimos diez años y se han demandado a países con un fuerte sistema legal; según datos de CIADI, de 38 casos en 1996, pasamos a 514 casos en 2013.
 
Y es que ha proliferado una lucrativa “industria” del arbitraje de inversiones, donde la presunta imparcialidad e independencia es totalmente ilusoria: los abogados que componen los equipos jurídicos ganan de media 1.000$/hora y los salarios percibidos por los árbitros llegan al Millón$., las leyes y las demandas están determinadas en gran medida por las mismas firmas de abogados, árbitros e incluso especuladores financieros que ganan astronómicas cifras de dinero con los pleitos. No en vano el 74% de las juntas editoriales en derecho de inversiones están ocupadas por estos mismos abogados, dándole todo el sentido al dicho popular: quien hace la ley, hace la trampa… Y cada vez hay más interconexiones entre el arbitraje de inversiones y las finanzas especulativas, existiendo ya fondos de inversión que financian los costos de las disputas a cambio de un porcentaje de la indemnización final. Ejemplos de ello son Buford Capital (EE.UU) y Jurídica Invesmentn(UK) que invierten una media de 8M$ y 7,5M$ por caso respectivamente y declaran una rentabilidad de entre el 30% y el 50%.                           Algunos ejemplos de demandas reales que hablan por sí solos:
La empresa francesa Veolia demanda a Egipto por incluir un salario mínimo en una nueva ley laboral. Solicita una indemnización de 82M$. Phillip Morris demanda a los estados de Australia y Uruguay por las consecuencias para su negocio de su nueva ley de salud pública que restringe la publicidad en las cajetillas de tabaco. Solicita indemnizaciones de hasta 2.000M$. La compañía sueca Vattenfall demanda al gobierno alemán por acordar una moratoria nuclear tras el desastre de Fukusima. Solicita indemnización de 3.700M$.                                        

Tanto Naciones Unidas como el propio FMI han reconocido que introducir esta cláusula ISDS en los acuerdos limita seriamente la capacidad de los Estados para luchar contra la crisis y no potencia las inversiones. En la consulta pública que la propia Comisión Europea realizó sobre el ISDS el 97% de las 150.000 respuestas mostró su rechazo a esta cláusula, dejando bien claro que la ciudadanía europea no quiere que el demonio la lleve a juicio en el infierno, parece sin embargo, que no es ese el caso de los que negocian en su nombre. Éstos se obstinan en mantener contra viento y marea esta cláusula. El pasado 5 de mayo de 2015, por toda respuesta al clamoroso rechazo popular, la Comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström, presentó una serie de propuestas para “continuar mejorando” los estándares de protección de inversiones y el ISDS. Resultado: una propuesta que desoye las conclusiones de la consulta pública de la propia Comisión sobre el tema; no examina los problemas fundamentales del sistema de ISDS, confunde (por no decir que miente…) al sugerir que el sistema de ISDS ha sido reformado de manera efectiva en el reciente acuerdo firmado entre UE y Canadá (Acuerdo Económico y Comercial Global, CETA) y que sería mejorado significativamente en el TTIP, y una propuesta que incluso aumentaría la probabilidad de demandas contra los gobiernos europeos, pero sobre todo que ignora lo evidente: el sistema de ISDS no es necesario.
 
En los primeros días de Junio de este mismo año la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) adoptó una polémica decisión en la que el Partido Popular Europeo y el Partido Socialdemócrata votaron favorablemente una propuesta de resolución que incluía el mecanismo ISDS, y ello, pese a que la no inclusión del ISDS había sido hasta ese momento una de las “líneas rojas” de los socialistas en las negociaciones del TTIP. Ante la automática movilización popular y la confusión generada en las propias filas socialdemócratas que amenazaban con el rechazo, la votación de la resolución definitiva programada para el 10 de junio fue aplazada in extremis por la propia Comisión en una acción prácticamente sin precedentes en su historia. Una demostración más de la enorme influencia que los grandes lobbies corporativos ejercen sobre las decisiones de Bruselas. Así para neutralizar tanto rechazo de la ciudadanía europea a la inclusión del mecanismo ISDS en el TTIP, la Comisión Europea presentó una propuesta de sustitución del mecanismo ISDS por un Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS por sus siglas en inglés), que corrige algunos aspectos procesales del mecanismo ISDS, pero sigue sin resolver los problemas fundamentales. Sigue siendo un mecanismo que discrimina a las empresas pequeñas y medianas empresas y a la ciudadanía en general frente a las multinacionales, que siguen siendo las únicas con capacidad de hacer uso de este sistema de protección de las inversiones. Y sigue siendo un sistema unidireccional, en el que las empresas pueden denunciar a los Estados, pero no hay lugar para juzgar a las empresas. En febrero de este mismo año 15 colectivos europeos analizaron los detalles de la propuesta de ICS de la Comisión, demostrando que los principales problemas del ISDS se mantienen. Las demandas más polémicas surgidas a través del mecanismo ISDS, como las de Alemania y EE UU mencionadas anteriormente, también tendrían cabida bajo el ICS. Además, el ICS es incompatible con el sistema legal de la UE, ya que deja de un lado las cortes europeas. Y que en definitiva no es más un intento de mantener vivo el mecanismo ISDS que la Comisión alega haber finiquitado. (para mayor información del ICS, consultar                         http://corporateeurope.org/international-trade/2016/02/zombie-isds  )