Estamos de acuerdo con la Campaña NOal TTIP en cuanto a que una eventual implementación provisional del acuerdo que  no requeriríese del voto unánime del Consejo, sería un ataque a la democracia. Es la ejecución del CETA sin necesidad de preguntar a los parlamentos nacionales y menos aún al conjunto de la ciudadanía.
Esta puesta en marcha provisional del CETA supondría la aplicación de gran parte de su articulado, y abriría las puertas a las demandas de los inversores extranjeros contra los Estados, a través del ICS, cuando éstos vieran perjudicadas sus expectativas de beneficios. El CETA, puede ser considerado el caballo de Troya del TTIP pues reduciría aún más si cabe los servicios públicos, así como la protección laboral, social, ambiental o cultural, reforzando las políticas de austeridad promovidas por la Comisión Europea. Todo este proceso representaría el último clavo para sellar el ataúd en el que quedarían enterrados los sueños de una Europa social y democratica.

El CETA, como el TTIP, impondrá un órgano de cooperación reguladora, que en la práctica se convertirá en un mecanismo fiscalizador de los procesos de preparación y aprobación de normativas por parte de la UE, tanto a nivel central de la Comisión, como de los Estados miembros, arrebatándoles de este modo su soberanía.

A pesar de todo, el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy aboga por la entrada en vigor lo antes posible de estos tratados, sin consultar ni informar al Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español.

Desde la Campaña NoalTTIP, CETA, TiSA denuncian, con razón,  la falta de transparencia en relación a las posiciones asumidas por los ministros en el Consejo, así como la peligrosidad de la aplicación provisional del CETA, antes de su ratificación por el Parlamento Europeo y por los parlamentos nacionales. El Consejo de la Unión Europea es especialmente opaco, ya que la ciudadanía no tiene ni por que ser informada de las posiciones que adoptan sus ministros dentro del mismo. Es vergonzoso que la ciudadanía ni siquiera pueda  saber que es lo que los representantes de nuestros países están aprobando en nuestro nombre. Esto debería ser información pública para todas.

Debemos exigir, como lo está haciendo la ciudadanía organizada,  la garantía de que prevalezcan tanto los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, económicos, políticos y sociales de los ciudadanos, como los acuerdos suscritos en defensa del medio ambiente y contra el cambio climático, sobre cualquier tipo de tratado de comercio e inversiones que suscriba la UE o hayan suscrito con anterioridad.