Hola Paco!! Muchas gracias la pregunta, desde luego, demuestra un interés por la situación actual que nos rodea.

  Mi visión particular sobre este tema es que las televisiones autonómicas cumplen una evidente función de servicio público y más aún en aquellos territorios que disponen de especificidades o que tienen un amplio territorio y poblaciones muy dispersas. En todo caso, esta función de servicio público debe ser coincidente con una vocación de pluralidad, con la voluntad de impulsar la industria audiovisual autóctona y con el control de gasto público. Es evidente que hay televisiones autonómicas como es el caso de Aragón, que ha demostrado que se puede hacer una televisión de calidad con un presupuesto adecuado a las circunstancias y con unos altos niveles de audiencia. En este caso, Aragón TV ocupa el segundo lugar dentro de las autonómicas, con mejor audiencia de España.

  Tenemos que ser muy conscientes de que los medios de comunicación públicos afrontan en la actualidad un escenario económico definido por la reducción de las compensaciones por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y por la reducción del resto de ingresos por la crisis económica. A la compleja situación económica debe añadirse la ausencia de un consenso político y social sobre su función – existen en la sociedad grupos conservadores y medios de comunicación que cuestionan su propia existencia - y una presión creciente y constante sobre su independencia, neutralidad, pluralismo, imparcialidad y rigor por parte no sólo, aunque si en mayor grado, del Gobierno y del Partido Popular.

  Desde el PSOE, propondremos una serie de medidas tendentes a incrementar los ingresos de la Corporación RTVE, aplicables igualmente al resto de Televisiones Públicas en el ámbito CCAA, recuperando parte de los recortes generados por el Gobierno del PP, o bien estableciendo que no supongan aumento del gasto público.

  Bajo mi criterio, debería constituirse una Autoridad o Consejo de la Sociedad de la Comunicación independiente y convergente que analice y supervise todas las cuestiones y actividades vinculadas con los contenidos difundidos a través de cualquier medio, garantizando el respeto a los derechos, libertades y valores democráticos, constituye un elemento crítico y determinante para la configuración del sector audiovisual, pero también para el resto de soportes, incluyendo el de la prensa. Esta Autoridad independiente, de extracción parlamentaria y convergente con las telecomunicaciones debe reivindicar su función garantista de derechos y libertades y de mediación entre los agentes del sector, reforzando su papel con la defensa de los menores de edad, el derecho a la intimidad de manera especial, velando por el cumplimiento de los demás derechos constitucionales de la ciudadanía y el control del cumplimiento de las normas en materia de comunicación comercial y sobre contenidos y protección de la infancia en un entorno convergente y multiplataforma, el de la Sociedad de la Información, que se configura como un escenario complejo desde la óptica de la supervisión del cumplimiento de obligaciones legales sobre contenidos audiovisuales emitidos en multitud de soportes, con variadas capacidades de influencia en la opinión individual y de opinión pública, sobre diferentes redes de telecomunicaciones y recibidos mediante todo tipo de dispositivos receptores, además del fomento, sensibilización y promoción de una cultura de la educación sobre medios de comunicación, servicios digitales, redes sociales en Internet, etc.

Un abrazo, Susana.