La verdad es que me resulta muy interesante la pregunta y creo que es muy oportuna para comentar algo que nos ha pasado en Canarias en relación a este asunto, de la regulación de la actividad de alquiler vacacional en nuestras islas.

Desde hace tiempo, en mi condición de parlamentaria regional en el Parlamento de Canarias, me he implicado para que,  Gobierno de Canarias, aunque a regañadientes, regulara de una vez por todas, una actividad que afecta a unas 53 mil familias en Canarias.

Casi al final de la pasada legislatura conseguí que en el Parlamento de Canarias, se pusieran de acuerdo todas la fuerzas políticas para exigir al Gobierno de Canarias que publicara un decreto en el que, aunque había algún aspecto mejorable, como el B&B, finalmente se diera cobertura legal a esta actividad.

Para que se hagan una idea, el Gobierno de Canarias, días antes de la pasada cita electoral del mes de mayo, sin avisar a nadie, cambió la redacción del decreto que se pensaba sacar adelante, incluyendo cosas como dejar fuera de regulación las viviendas ubicadas en zonas turísticas, algo especialmente absurdo, teniendo en cuenta que Canarias son unas islas eminentemente turísticas. Pero además, este decreto contempla posible sanciones, que van de 31.001 euros a 300.000 euros, equiparando las mismas a las de un hotel de 5.000 camas.

Les cuento todo esto porque la clave de la respuesta a la pregunta que se me hace es que, han de ser los propios afectados por esta regulación los que en verdad han de presionar con argumentos a quienes tienen capacidad de legislar en esta materia pero, sobre todo, de explicar al conjunto de los ciudadanos cuáles son sus verdaderas preocupaciones sobre este asunto, como la cuestión que se plantea en esta pregunta.

En Canarias tenemos el ejemplo de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV), con la que venimos trabajando hace tiempo ya. Unidos han sabido movilizar a los políticos y al Gobierno de Canarias para que se hiciera justicia con una situación que clamaba al cielo. Aunque en estos momentos están realmente indignados con el decreto que se ha querido aprobar, no se han quedado de brazos cruzados y me consta que empiezan a reclamar a quienes parece que van a conformar un nuevo gobierno, atiendan sus reivindicaciones y, cundo gobiernen, modifiquen las injusticias que se han incluido  en  este decreto de regulación del alquiler vacacional en Canarias.

Creo que la nueva forma de hacer política pasa por esto, no sólo por la presencia de nuevas formaciones políticas en la vida pública, o porque los partidos políticos se vean necesariamente obligados a tener que realizar pactos para poder gobernar. La nueva política pasa porque los ciudadanos se unan, se organicen y defiendan sus intereses ante las instituciones, partidos políticos y los representantes públicos.

No sé si he dado respuesta a la pregunta, lo que si he pretendido es que, si son muchos los ciudadanos que consideran la cuestión que se plantea se debe de contemplar en una regulación específica, han de tomar la iniciativa. No basta con pedir opinión a un político y ya está,  hay que organizarse e ir a convencer con argumentos a sus representantes públicos de que su reivindicación es justa y coherente. Este es el paso que hemos dar a partir de ahora y no otro.