A estas alturas ya sabemos que lo que se nos vende como tratado de libre comercio no lo es, sino que se trata de una serie de acuerdos de inversión: normas, garantias, privilegios, garantias de inversión, derechos de las corporaciones, que permitan que las transnacionales capeen a sus anchas en Europa, donde los estándares laborales, de calidad, seguridad, medio ambiente y protección son más garantistas y puedan disfrutar de las mejores condiciones “a la baja”. ·En vez de igualar hacia lo más garantista, igualan para lo menos. Se trata de eliminar obstáculos para que se instalen, comercien y ganen más, mejor y más barato, laboralmente hablando. Quitar de un plumazo los límites burocráticos para invertir, que en definitiva es quitar derechos y protección.

Estamos muy preocupados, por eso agradezco la participación en este importante debate..Hay que hablar de como se nos está engañando. No podemos callarnos porque esto es una traición que de acordarse, va a tener consecuencias muy graves en las próximas décadas. Es una nueva forma de conquista de los derechos de los Pueblos, una imposición del neoliberalismo consentida por estos tibios Gobiernos europeos que sacrifican los derechos por los que tantas generaciones han luchado. Todo es business y ganancia. El resto no importa.

El mecanismo de solución de diferencias previsto, el Mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversor y Estado (ISDS), le concede a estas transnacionales una serie de derechos, en exclusiva, que permiten que los inversores puedan demandar a cualquier administración: local, imaginense al Concello de Pontevedra por ejemplo, autonómica, a la Xunta de Galiza, Parlamentos en todos los ámbitos, estatal (Diputaciones o Estado) y europea, si consideran que las decisiones que han tomado democráticamente alguna de estas administraciones públicas (concesión de agua, protección contra el trabajo infantil, seguridad alimentaria, Denominaciones de Origen Protegidas-DOP, etc...), puedan repercutir en sus beneficios en ese momento o en uno posterior. Este arbitraje salta el poder judicial, el ejecutivo, la soberanía popular....porque no permite que un Estado demande a la transnacional, sino sólo al revés, por eso insisto en su carácter de exclusividad, que no es recíproco, sino de “monopolio en la defensa”.

De hecho, este rechazo expansivo a nivel europeo, obligó al ejecutivo comunitario a realizar una consulta sobre el ISDS que tuvo un 97% de rechazo pidiendo públicamente que se eliminaran estos tribunales privados “paralelos” que protegían a las inversiones de las transnacionales. A raiz de esta crítica casi unánime se elimina este mecanismo por parte de la Comisión y se crea un pseudo Tribunal llamado “Sistema de Tribunal de Inversiones”, se establece por vez primera derecho a apelar que antes no estaba contemplado, pero no se llega a resolver el problema de fondo de la indefensión de la sociedad civil frente a los gigantes transnacionales que compran voluntades de los Estados, como podemos ver a través de todo lo que ha saltado con los #PanamaPapers. Es una medida cosmética para tratar de silenciar a los Pueblos, porque todas y todos sabemos que el jaque mate está en manos del sistema financiero transnacional que se ha saltado el poder político y juega a sus anchas, creando este tipo de normativas ultraprotectoras para obtener más y más ganancias.