La situación económica que atraviesa el Ayuntamiento obliga a la congelación de la oferta pública de empleo. El diseño de la RPT está hecho para un momento de bonanza económica con ingesos muy altos y extraordinarios provenientes de las licencias de obra que no va a volver en mucho tiempo, por lo que a lo largo de estos 4 años se deben amortizar un buen número de puestos de trabajo (por jubilación) para reducir el capítulo de personal en todo lo posible. Es imposible mantener este Ayuntamiento en los términos en que lo ha hecho el Partido Popular. Y es imposible invertir en otros aspectos necesarios si destinamos al pago de la deuda cerca del 15% del presupuesto. 

Asimismo, haremos que desaparezca el 75% de los asesores para que cobren protagonismo los funcionarios que, dicho sea de paso, son los que más saben de gestión municipal. 

Dicho esto, en todos los servicios que se prestan de forma indirecta, se debe cumplir la ley, siendo motivo de rescate o resolución contractual el no cumplimiento. Naturalmente, el Ayuntamiento no puede amparar abusos de ningún tipo.