Ante todo, habría que distinguir, al menos, dos ámbitos principales en la economía sumergida.

Por un lado, como ámbito principal, la que corresponde a las grandes fortunas y grandes empresas que, mediante múltiples trucos evaden impuestos, ocultando patrimonio y/o beneficios.

Por otro, la economía sumergida a pequeña escala: las “chapuzas” y múltiples trabajos que se realizan sin factura, en ámbitos fundamentalmente domésticos y de empresas de muy escaso tamaño.

Aunque todo es economía sumergida y, como tal, es indeseable, pensamos que el tratamiento debe ser distinto en cada caso.

La economía sumergida a gran escala (empresas y grandes fortunas) va asociada en general a un delito fiscal. Para terminar con ella hay, por tanto, que perseguirla como tal delito reforzando, ante todo, la inspección tributaria, aumentando las penas asociadas a tal delito (para que no “salga a cuenta” defraudar por la escasez de las sanciones) y, por supuesto, eliminando cualquier posibilidad de amnistía fiscal como las promulgadas por el gobierno central.

Para la economía sumergida en pequeña escala – con independencia de posibles abusos que merecerían un tratamiento similar al anterior -, debería trabajarse en la línea de aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores (para eliminar la necesidad de recurrir a las “chapuzas” para completar un sueldo digno) y estudiar cuidadosamente la situación de los pequeños autónomos, cuyos costes sociales y fiscales (anacronismo de la tributación por módulos, por ejemplo).