Uno de los mayores problemas con que se están encontrando tanto la Sra. Maleno como todo el abanico de organizaciones y miembros de organizaciones y asociaciones defensoras de derechos fundamentales, es la persecución, y en muchos casos la criminalización de su actividad. Quiero creer que en este caso la justicia española se ha equivocado, por no rectificar la decisión judicial de investigar unos hechos como si pudieran ser constitutivos de un delito de trata de seres humanos, incluso, o sobre todo, porque lo hace tras la opinión de la fiscalía que ya lo habría descartado. La actividad de la Sra. Maleno ha sido reconocida por instituciones solventes como propia de la defensa y protección de quienes se encuentran en absoluto desamparo en el estrecho, y la continuación de la actuación de investigación parece criminalizar dicho cometido, e insinuar un delito tan grave que, con todo respeto, provoca una confusión inaceptable que debe rectificar su autor.