Hola Álvaro,

Es evidente que Andalucía cuenta con potencial y recursos cuyo aprovechamiento adecuado nos acercaría a la sostenibilidad energética que refieres en tu planteamiento.  La apuesta por las renovables tiene todo el sentido en cualquier territorio, pero en nuestra tierra, más si cabe. En este sentido, desespera comprobar que países y regiones con condiciones de partida más adversas han conseguido optimizar la utilización de las energías limpias apostando por ellas sin complejos, y aplicando la innovación tecnológica respaldada con inversión pública. El gobierno andaluz no tiene una estrategia sólida en este campo, más o menos en sintonía con unas políticas públicas estatales en materia energética que nos alejan a pasos agigantados de la sostenibilidad, manteniendo el funcionamiento cotidiano de nuestro país en absoluta dependencia de los combustibles fósiles. La estrategia 20/20/20 de la UE nos lleva a pensar en otra vertiente descuidada en Andalucía.

Por un lado está de dónde sacar la energía que necesitamos, y ahí tenemos el campo de las renovables y su infrautilización. Pero del otro lado está repensar si necesitamos toda la energía que utilizamos. Las grandes obras públicas en infraestructuras del transporte, la planificación urbanística de las ciudades y sus áreas de influencia, la vertebración del territorio… todo ello se ha hecho dando prevalencia al tráfico rodado, diseminando los equipamientos y generando una movilidad ciertamente insostenible. Desde Izquierda Unida consideramos de suma importancia una reorientación integral de las políticas de movilidad, para lo que dejamos terminada una ley en la anterior legislatura que suponía revertir esta tendencia expansiva, poco meditada y extraordinariamente cara en términos energéticos y medioambientales. La convocatoria anticipada de elecciones impidió la tramitación de la ley, y el nuevo gobierno no parece estar por la labor de agilizar su tramitación. Una intervención decidida en favor de las energías renovables y de la eficiencia energética, combinada con una política de movilidad que devuelva la escala humana a los desplazamientos e imprima sensatez a la obra pública vinculada al transporte, nos colocaría en mejor posición en términos de sostenibilidad, y nos permitiría situarnos en unos parámetros de consumo energético más razonables y por tanto en unos estándares de calidad de vida cuyos beneficios sociales y económicos son el mejor argumento para su defensa.