La Ley de reforma de la Administración Local aprobada por el Partido Popular es una ley que no soluciona ninguna de las necesidades de la Administración Local porque no clarifica competencias, no evita duplicidades, no simplifica la estructura de la Administración Local y no resuelve los problemas de financiación que tienen los Ayuntamientos. Sin embargo sí que perjudica a los ciudadanos, que tendrán servicios más caros y menos eficientes; hace daño a la autonomía local y, por supuesto, a la vida democrática municipal porque quita a los alcaldes y concejales elegidos por los ciudadanos la capacidad de decidir sobre servicios públicos esenciales que deja en manos de la Comunidad.