Es fundamenteal acabar con estas practicas, debemos regular adecuadamente de forma que dotemos a la administración de los mecanismos necesarios para que esto no ocurra, y demandamos por parte de la sociedad un mayor compromiso para el control de los políticos. Aragón necesita una Ley de Transparencia digna de tal nombre que permita un triple control de todo lo público: a los que ejercerían (o deberían ejercer) la oposición y los órganos supervisores, se sumaría el que podría ejercer cualquier ciudadano de forma directa. El libre acceso a la información obligaría a estas entidades públicas a ser más eficientes y desalentaría a quienes estuvieran pensando en aprovecharse de ellas. Y por libre acceso a la información, no hay que entender la posibilidad de pedirla, justificándola previamente, y luego esperar a que se suministre, sino que los datos estén accesibles, que sean sencillos de encontrar y que estén expuestos con rigor pero de forma comprensible. El ciudadano no tiene por qué justificar su deseo de comprobar una información que es suya. Por tanto, el primer efecto sería devolver a los aragoneses algo que les pertenece.