Hola Josu.
Como sabes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España a finales de 2014 por considerar que incumple la normativa comunitaria al no respetar la libertad de establecimiento y contratación. Estamos, por tanto, ante un requerimiento europeo de obligado cumplimiento.
Ya desde que el Gobierno pusiera sobre la mesa el asunto, desde el Grupo Vasco exigimos dos garantías: el mantenimiento de los derechos de los trabajadores y de la competitividad de los puertos.  Y entendimos que, en la propuesta última que realizó el Gobierno al sector, se asumían esos compromisos reclamados por nosotros. Ahora bien, y así lo dijimos en el debate de convalidación del Decreto que fue finalmente rechazado, somos muy críticos con todos los agentes implicados: nos encontramos en un escenario que requiere medidas urgentes y sin embargo nadie ofrece alternativas o soluciones más allá del ‘no’. Consideramos que nuestro partido ha mantenido una posición realista y responsable, de diálogo con todas las partes implicadas,  y al considerar que el acuerdo ofrecido al sector, in extremis, era razonable, dimos nuestro apoyo al margen de que tuviera votos suficientes para ser aprobado o no. Nos tememos, además, que el acuerdo final no distará mucho del contenido material de la propuesta que no fue respaldada.