Mariano Rajoy impulsó y aprobó una ley que obliga a todas las administraciones públicas a realizar el pago en un plazo de 30+30, es decir: 30 días para recepción, confirmación y aceptación de factura y 30 días para el pago de la misma. Por tanto, en los 60 días siguientes a la fecha de presentación de facturas, la Junta tiene la obligación de pagar. Si no lo hace, se le puede reclamar, además del pago, los intereses legalmente establecidos.