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La extensión a todo el Estado de leyes que garanticen un suministro energético mínimo, así como la aplicación o no de las propuestas contenidas en los diez puntos planteados por Centro y Progreso, dependerá de las prioridades de aquellos a quienes pongamos al frente de nuestras instituciones:

1. Gravamen sobre los “beneficios caídos del cielo” que obtienen actualmente las nucleares y las hidroeléctricas. Estas centrales de generación, que fueron instaladas en un marco normativo anterior, ya han recuperado holgadamente su inversión inicial. Sin embargo, el mercado eléctrico marginalista en el que ahora participan retribuye la energía al precio del kilovatio-hora más caro, que suele ser fijado por las centrales de gas natural. Esto reporta a las nucleares e hidroeléctricas unos desorbitados beneficios extra que se estiman en más de 2.000 millones de euros anuales. Gravar los beneficios caídos del cielo ha de ser considerado como una medida urgente y fundamental, pero también parcial. En el medio plazo, el objetivo ha de ser una reforma integral del esquema retributivo, de modo que cada tecnología cobre según sus costes reales de generación.

2. Utilización sensata y no especulativa de las reservas de energía hidroeléctrica, de manera que contribuyan a suavizar los picos de demanda y a integrar la máxima cantidad posible de renovables, compensando la variabilidad de las fuentes eólica y solar. Idealmente debería existir un operador público del sistema eléctrico que indicase a estas centrales cuándo deben producir. Además, puesto que estas son las centrales capaces de producir electricidad al menor coste, resulta imprescindible que el Estado recupere su titularidad y gestión a medida que vayan caducando sus concesiones a empresas privadas.

3. Devolución, por parte de las empresas eléctricas, de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) que cobraron en exceso. Cuando se produjo la liberalización del sector eléctrico, y ante la posibilidad (poco realista, como el tiempo nos ha enseñado) de una bajada del precio de la electricidad, se estableció un mecanismo de compensación para las centrales de generación, que pasaron de operar en un marco regulado a participar en un mercado eléctrico. Si bien la justificación del propio mecanismo es discutible, lo que ocurrió es de una gravedad que va más allá de toda discusión: debido al aumento del precio de la electricidad experimentado en el mercado, las eléctricas recibieron un exceso de 3.600 millones de euros sobre la máxima compensación inicialmente contemplada en el diseño del mecanismo. El ejecutivo de Zapatero “olvidó” exigir la devolución de esa cantidad cobrada en exceso, a pesar de contar con un informe favorable de la Abogacía del Estado que le instaba a ello. Teniendo en cuenta la situación descrita en el siguiente punto, el reembolso de esta cantidad es inexcusable.

4. Auditoría del déficit de tarifa. Sin duda, una de las principales causas del constante aumento del precio de la electricidad en los últimos años es la existencia de un déficit de tarifa acumulado que asciende a más de 30.000 millones de euros. No menos preocupante es que esta deuda impide el desarrollo de una auténtica política energética al supeditar las decisiones estratégicas e inversiones futuras a su pago. De hecho, asegurar el pago ha monopolizado la acción del Gobierno en este área durante la legislatura que ahora termina. Aspectos del sistema eléctrico como los pagos por capacidad, el servicio de interrumpibilidad o los mencionados en los puntos 1) y 3) crean una duda razonable sobre la legitimidad de gran parte de esta deuda. Por otro lado, la comparativa entre el déficit de tarifa generado anualmente y el beneficio empresarial extra de las empresas eléctricas españolas, tomando como referencia sus homólogas europeas, no hace sino aumentar esta sospecha.

5. Creación de un organismo independiente que supervise realmente el funcionamiento del sistema eléctrico. La experiencia nos avisa de la necesidad de vigilar, de una parte, los segmentos liberalizados para detectar comportamientos especulativos o colusión entre empresas; y de otra parte, los segmentos regulados para evitar la sobrerretribución de las actividades correspondientes. Este organismo supervisor debe estar exclusivamente dedicado al sector energético (como la extinta Comisión Nacional de Energía, CNE), contar con una adecuada representación de empresas, gobierno y ciudadanía, y disponer de suficientes recursos. La transición energética hacia un modelo más sostenible requerirá que entre las funciones de este organismo también se incluya recopilar información sobre el funcionamiento tecnológico y económico del sistema. Esta información no solo ha de ser pública, sino que debe ser utilizada en la identificación de necesidades futuras y en las decisiones sobre la nueva potencia a instalar, así como en el desarrollo de líneas de transporte o distribución.

6. Emplazamiento de las renovables en el centro de la planificación del sistema eléctrico. Durante décadas, el sistema eléctrico español (igual que otros sistemas europeos) ha estado basado en centrales térmicas de carbón o de gas, y en nucleares. Con la meta de un sistema 100% renovable en el horizonte, esta situación ha de cambiar. Las tecnologías renovables deben ocupar el lugar central del sistema mientras el resto, en la progresiva transición hacia el modelo 100% renovable, actúa tan solo como apoyo de aquellas. Como corolario de dicha transición, las centrales térmicas y nucleares serán cada vez menos necesarias. Por lo tanto, proponemos no renovar los actuales permisos de operación de las centrales nucleares, así como el cierre planificado de las centrales de carbón, garantizando una transición justa de los empleos asociados a estas industrias hacia otros sectores. Finalmente, proponemos determinar cuántas de las centrales de ciclo combinado ya construidas son imprescindibles para apoyar a las tecnologías renovables, y eliminar cualquier forma de pago por capacidad a las que no lo sean.

7. Mejora de la eficiencia del sistema eléctrico a través de la elaboración de legislación que impida prácticas oligopólicas y favorezca la desintegración vertical de las empresas, de manera que estas no puedan participar simultáneamente en los todos los segmentos de la cadena de valor (generación, comercialización, transporte y distribución), y se incremente el número de empresas que participan realmente en dicha cadena. En particular, proponemos desarrollar medidas para garantizar la neutralidad de las redes de distribución mediante la separación de la propiedad y gestión de las mismas. Esto facilitaría el acceso a las redes de distribución tanto de las centrales de generación renovable como de las instalaciones de autoconsumo a las que hace referencia el siguiente punto. La apertura de la gestión de las redes mediante subastas u otros mecanismos permitiría, a su vez, revelar los costes reales de distribución, que actualmente suponen una fracción importante de la partida de costes regulados.

8. Derogación del Real Decreto de autoconsumo eléctrico de octubre de 2015 y aprobación de una regulación que verdaderamente favorezca su desarrollo. El autoconsumo eléctrico (esto es, la generación y consumo de electricidad a nivel local), y más concretamente el autoconsumo fotovoltaico, conlleva importantes ventajas entre las que destacan la disminución del consumo de energía (por evitarse las pérdidas asociadas al transporte), la reducción de las emisiones de CO2 y otros contaminantes, la democratización del sistema eléctrico y una mayor toma de conciencia energética de los propios consumidores. Del reconocimiento de estas ventajas intrínsecas se infiere la imperiosa necesidad de una regulación del autoconsumo que permita su despegue en lugar de la situación normativa actual, la cual supone, de facto, un freno para el mismo. Esta nueva regulación del autoconsumo debería poseer las siguientes características: el establecimiento de un procedimiento de conexión sencillo y ágil, la justa retribución de la energía vertida por la instalación a la red (ya sea en forma de kilovatios-hora consumidos de la red o económica) y la ausencia de imposición sobre la energía autoconsumida instantáneamente (es decir, sin pasar por la red).

9. Un diseño de la factura que incentive el ahorro. En los últimos años, la composición de la factura de electricidad se ha modificado sustancialmente, aumentado mucho el peso del termino de potencia (que no depende de los kilovatios-hora consumidos, sino que supone un coste fijo para el consumidor, completamente independiente del consumo eléctrico) con respecto al término de energía. Esto, que asemeja la factura a una “tarifa plana de electricidad”, no solo desincentiva el autoconsumo y las medidas de ahorro y eficiencia sino que agudiza la situación de los hogares en pobreza energética ya que por mucho que disminuyan su consumo no consiguen reducir perceptiblemente la cuantía de su factura. Proponemos, por tanto, una reestructuración de la factura de electricidad que disminuya la importancia relativa del término de potencia.

10. Lucha eficaz contra la pobreza energética. El número de hogares en pobreza energética, entendidos como aquellos que no pueden satisfacer sus necesidades energéticas básicas (por ejemplo, mantener la vivienda dentro de un rango de temperaturas de confort), se ha triplicado en el sexenio 2007-2013. Los datos demuestran que el único mecanismo que existe en la actualidad para paliar la situación de estos hogares, el llamado bono social, no funciona. Para recibir el bono social debe cumplirse alguna de las siguientes condiciones: a) que la potencia contratada sea inferior a 3kWp, (b) ser pensionista, (c) ser familia numerosa o (d) que todos los miembros del hogar estén en paro. Este conjunto de criterios es absurdo, y no sirve para identificar los hogares en pobreza energética; sirva como ilustración que el 79% de los receptores del bono social lo es por cumplir el primero de ellos. Proponemos reemplazar el bono social por leyes que garanticen el acceso a un suministro energético mínimo, y que este se convierta en un derecho básico. Abundando en lo anterior, los procedimientos contemplados en dichas leyes deberán estar dirigidos eficazmente a los hogares en situación de pobreza, y habrán de asegurar que estos obtienen un descuento en su factura del importe necesario para poder satisfacer sus necesidades energéticas fundamentales. En particular, las compañías no podrán cortar el suministro a menos que un informe de los servicios sociales lo autorice. En caso de que un hogar se encuentre en situación de pobreza energética, lo cual constatarán los servicios sociales, el corte de suministro estará prohibido.

La mayoría de las medidas aquí presentadas puede ser implementada con rapidez y sin mayor obstáculo que poseer la voluntad política para hacerlo. Valgan como ejemplo dos hechos recientes: en primer lugar, en julio se aprobó en Cataluña la ILP de la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética.

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