En efecto. Aunque los datos no son del todo fiables -seguramente sean más-, aproximadamente mil familias acuden cada año fuera de nuestras fronteras para ser padres o madres por gestación subrogada, al no poder serlo mediante otros métodos.

La gestación subrogada es una realidad ante la cual el legislador no puede cerrar los ojos. Hay que regular para ofrecer garantías, protegiendo siempre el interés superior del menor y asegurando libertad absoluta en la toma de decisiones.

Además actualmente operan como intermediarias empresas españolas que, para ofrecer un precio menor, acuden a países en los que no hay seguridad y en los que se vulneran Derechos Humanos. Esto es inadmisible y la única manera de evitarlo, será la regulación.