Porque nuestros anteriores gobernantes, el PSOE y sobre todo el PP, han actuado en cuanto al transporte público por razones electoralistas, sin tener una planificación general coherente y con objetivos nítidos. Un AVE, un aeropuerto o un Tranvía pueden tapar muchas carencias del gobierno regional y dar muchos votos. Las promesas en cuanto a transporte son un clásico de todas las elecciones, generales, autonómicas o municipales. Un gobierno bien vale un tren, piensan algunos. La red de transporte público requiere una planificación global en función de las necesidades de transporte de la población, eligiendo el medio más rentable. Nosotros proponemos una Ley de impacto económico y social para que ninguna infraestructura se construya si previamente no se ha garantizado su rentabilidad económica y sólo en casos excepcionales, con la aceptación de la ciudadanía, aprobar infraestructuras de rentabilidad exclusivamente social.