Si y además esta pregunta afecta directamente al trabajo de Upyd puesto que tras una inspección de la Agencia Tributaria Estatal, denunciamos el caso ante los tribunales puesto que pensamos que la tributación no se ha hecho dentro de la legalidad.

Volkswagen fabrica coches en Navarra, pero los vende a un filial suya -VAESA- radicada en Barcelona, que es quien en teoría soporta el pago del Impuesto sobre el valor Añadido (IVA).

Esta sociedad -meramente instrumental- es la que exporta los vehículos al extranjero (el 90% de los fabricados), pero como este tipo de operaciones están exentas del pago del IVA -un 18% hasta la reciente subida (ahora el 21%)- la sociedad reclama a la Agencia Tributaria, como es lógico, que le devuelva su dinero. Y hasta ahora lo ha conseguido. 

El resultado de esta triangulación de operaciones es sencillo: la Administración central –que representa a todos los contribuyentes del régimen común- es quien hace la devolución de un IVA no cobrado previamente. Sin embargo, quien realmente ingresa lo que paga Volkswagen, que actúa de acuerdo a la ley, es la administración foral, toda vez que la multinacional alemana, como es lógico, tributa en territorio navarro, donde tiene su sede. O dicho en otros términos: ingresa Navarra, pero paga el resto del Estado. Ese es el acuerdo recurrimos desde UPyD ante los tribunales. Recurso que tras ser admitido a trámite, finalizó cuando la Audiencia Nacional decidió no reconocer a este partido político legitimación para recurrir los acuerdos de 2012 de la comisión negociadora del Convenio. Es decir, no tenemos legitimización para posicionarnos como parte aunque seamos un partido establecido en Navarra y que ostentemos también la representación de muchos navarros que nos votan.

Consideramos que  negarnos esa posibilidad de impugnar los acuerdos "es tanto como decir que Gobierno y Comunidad foral pueden hacer lo que les dé la gana, pues esa actuación va a ser imposible de fiscalizar o controlar".

Pensamos que el Convenio Navarro no puede amparar este tipo de situaciones arbitrarias e ilegales y además evidencia claramente lo injusto del sistema, que supone un claro privilegio, teniendo en cuenta esta manera de tributar, no se puede extender al resto de las empresas del territorio español.