Obviamente disponer de seis canales públicos con un presupuesto de 300 millones de €, me parece un dispendio y un despropósito. Con mayor  motivo si cabe cuando el sentido y objetivo para cuya existencia nacieron se obvian por completo. La ley 46/1983 fija que los canales autonómicos deben cumplir unos requisitos: objetividad, veracidad e imparcialidad de las noticias; separar información y opinión; respetar el pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico, así como las libertades y derechos recogidos en la Constitución, requisitos a todas luces vulnerados en la programación de una cadena pública, cuya función actual tiene más de fábrica de opinión y estrategia política que de un ente representativo de una sociedad plural como la catalana. Un ente que dispensa retribuciones a sus cargos directivos del nivel de un ministro, que no da cuentas del uso de sus recursos, que alimenta sistemáticamente clientelismos y corporativismos sectarios afines, un ente opaco y un auténtico agujero negro para las arcas públicas, en mi opinión no tiene sentido de ser. Sería  necesaria una auditoria pública de sus cuentas, una reestructuración de las retribuciones tras revisar su organigrama y las funciones asignadas, así como el equitativo y correcto cumplimiento del convenio de referencia, además de una total transparencia en la asignación de productoras y subcontratas, para contemplar la posibilidad de su continuidad.