Un Ayuntamamiento, cuando subcontrata la prestación de un determinado servicio público tiene que velar por dos objetivos:
1.- Que ese servicio se presta con absoluta calidad;
2.- Que los trabajadores, que mediante subcontrata ejecutan esos servicios tengan sus derechos laborales garantizados por parte de la empresa. 

En la actualidad, la mayoría de las empresas que tienen subcontratados servicios públicos con el Ayuntamiento de Granada, han tenido conflictos laborales por el incumplimiento de los derechos básicos de las personas trabajadoras (retraso en el pago de nóminas, eres, despidos, rebajas salariales a costa del beneficio industrial, la no sustitución de trabajadores y trabajadoras en situación de baja...). El alcalde, en estas situaciones durante estos años, no sólo ha mirado para otro lado, sino que se ha puesto siempre del lado de la empresa.

No solo es perjudicial para las personas trabajadoras en las empresas que subcontratan servicios públicos, sino que supone una merma en la prestación del mismo y, por lo tanto, una disminución en la calidad de vida de la ciudadanía, que recibe servicios públicos de peor calidad.

Ante esta situación, en nuestro proyecto presentamos las siguientes medidas:
La remunicipalización de algunos de los servicios públicos por parte del Ayuntamiento;
La creación de una comisión de control que vele por los derechos de las personas trabajadoras en las empresas que subcontratan servicios públicos, y por la prestación del servicio;
Incrporación de criterios sociales en los contratos públicoos;
Creación de una comisión de contratación responsable;