El ingreso y permanencia en prisión de Arnaldo Otegi -y de Rafa Diez Usabiaga y demás personas del caso Bateragune- es una gran injustica fruto de una democracia de baja calidad en la que -especialmente en todo lo que se refiere a Euskal Herria- la separación de poderes brilla por su ausencia y la venganza está de telón de fondo de muchas actuaciones judiciales inducidas desde ámbitos policiales y políticos del pasado en ese tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional.

El "gran delito" cometido por Arnaldo Otegi -del que soy testigo directo- ha sido trabajar denodadamente por la paz; trabajar para que el diálogo y las vías exclusivamente políticas fuesen el único instrumento para solucionar los problemas y resolver los conflctos; trabajar para alcanzar un nuevo escenario en el que reparar todas las injusticias sufridas durante tantos años y poner las bases para la reconciliación y una convivencia en libertad. Un nuevo escenario en el que solo la palabra y la decisión de la ciudadanía vasca, expresada democrática y pacíficamente, marcase el devenir de Euskal Herria.

Y aquí radica seguramente el "por qué" de esta injusticia: en el "miedo escénico" que genera en España, como se esta viendo en el caso de la consulta de Catalunya, la posibilidad de que la sociedad vasca pueda decidir libremente su futuro. En este contexto es en el que se enmarca la permanencia en prisión de Arnaldo Otegi: la perpetuación del anterior escenario, con la tranquilidad que da saber con seguridad que la estrategia de la violencia no va a volver, evita tener que poner argumentos encima de la mesa, contrastar ideas, dar la palabra a la ciudadanía y comprometerse a acatar su decisión, manteniendo un modelo de estado caduco que niega la realidad evidente de la existencia -en nuestro caso- de la nación vasca.

Y esta permanencia en prisión resulta especialmente escandalosa en estos días en los que la "Marca España" está revestida con innumerables casos de corrupción, que afectan a amplios ámbitos del poder político y económico, y en los que el Gobierno Rajoy está enfrascado en una desaforada actividad legislativa de urgencia para evitar que el todavía rey Juan Carlos I pueda ser llevado a los tribunales, a partir del día de su abdicación, si se producen denuncias de presuntos delitos o corruptelas. La triple vara de medir tiene carta de naturaleza en algunos ámbitos de la justicia española: una para quienes están en la esfera del poder político y económico, otra para la ciudadanía de a pié y una tercera para la ciudadanía vasca.

Pero no se dan cuenta que perpetuar el actual estado de cosas no les va a servir de nada, porque la ciudadanía vasca es una ciudadanía madura y sabia, a la que no es posible engañar,  y que ha superado muchos ataques a su identidad sobreviviendo siempre a quienes han querido someterla. Nada va a impedir que Euskal Herria alcance este nuevo escenario de paz y libertad que ansía y exige la sociedad vasca, por eso más pronto que tarde todos sonreiremos con Arnaldo Otegi en la calle porque la ciudadanía vasca va a ganar.