Para responder a esta pregunta copio literalmente parte de la traducción del informe: http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/public-services-under-attack.pdf

Los servicios públicos en la Unión Europea se encuentran bajo la amenaza de las negociaciones comerciales internacionales que están poniendo en riesgo la capacidad de los gobiernos de regular, y los derechos de los ciudadanos relativos al acceso a los servicios básicos como el agua, la salud y la energía, en aras de los beneficios corporativos. El Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá (CETA por sus siglas en inglés), cuya ratificación podría comenzar en 2016, y el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés) en vías de negociación con Estados Unidos representan la culminación reciente de estos esfuerzos. En el peor de los escenarios, podrían imponer la comercialización, de la que no podrán escapar, los servicios públicos, sin importar los resultados perniciosos que puedan tener sobre el sistema de bienestar.

Este informe desvela algunos datos sobre la connivencia secreta que existe entre las grandes empresas y los negociadores comerciales en la confección de los acuerdos comerciales internacionales de la UE. Muestra la agresiva agenda de las empresas de servicios en relación con el TIPP y el CETA, que pujan por una amplia apertura de mercados en áreas como la salud, los servicios culturales y postales, y el agua, lo que les permitiría la entrada y dominio dichos mercados. Y muestra cómo los responsables de las negociaciones por parte de la UE están allanando el camino a la industria de servicios, como se observa en el texto definitivo del CETA, publicado en septiembre de 2014 y los borradores de los capítulos relativos al TTIP, además de los documentos internos de negociación, que reflejan los deseos de los grupos de presión empresariales.

Resultados clave:

• El TTIP y el CETA muestran rasgos evidentes de ser influidos por los mismos grupos de presión empresariales que funcionan en el área de los servicios y que han sido conformados durante las últimas décadas en conversaciones comerciales anteriores, como el grupo de presión empresarial más fuerte de la UE, BusinessEurope, y el Foro Europeo de Servicios, un grupo de presión amoldado para orquestar el conjunto de las asociaciones empresariales y las principales empresas como British Telecommunications y Deutsche Bank.

• La relación entre la industria y la Comisión Europea es recíproca, y la Comisión estimula de forma activa las actividades de presión empresariales en sus negociaciones comerciales. Esto se ha denominado “reverse lobbying” (presión inversa, esto es, “las autoridades públicas ejercen presión empresarial para ser presionadas”). Pierre Defraigne, exdirector general adjunto de la Dirección General de Comercio de la UE, habla de una “connivencia sistémica entre la Comisión y los círculos empresariales”.

• El grupo de presión empresarial ha logrado un enorme éxito al convertir el CETA en el primer acuerdo de la UE con un enfoque de “lista negativa” para los compromisos en materia de servicios. Esto significa que todos los servicios son objeto de liberalización a no ser que se haga una excepción explícita. Determina un abandono radical de las listas positivas utilizadas hasta la fecha en los acuerdos comerciales de la UE que solo incluyen aquellos servicios que los gobiernos han acordado liberalizar, dejando intactos otros sectores. El enfoque de lista negativa amplía enormemente el ámbito de un acuerdo comercial ya que los gobiernos realizan compromisos en áreas que incluso desconocen, como los nuevos servicios que puedan surgir en el futuro. Lo mismo podría ocurrir en el TTIP, donde la Comisión está presionando a los Estados miembros de la UE para aceptar el mismo enfoque arriesgado, satisfaciendo las demandas de los lobbies empresariales.

• Las grandes empresas han logrado con éxito presionar en contra la exclusión de los servicios públicos en el CETA y el TTIP, ya que ambos acuerdos se aplican prácticamente a todos los servicios. Existe una excepción general muy limitada para los servicios “prestados en el ejercicio de una autoridad estatal”. Pero, para estar cualificado para dicha excepción el servicio no tiene que ser realizado ”sobre una base comercial ni en competencia con uno o más operadores económicos”. Sin embargo, hoy en día, prácticamente todas las empresas privadas dedicadas a los sectores públicos tradicionales coexisten con los proveedores públicos, lo que genera a menudo una fuerte competencia entre estos dos. La capacidad de exención de las autoridades gubernamentales queda realmente limitada a unas escasas funciones básicas que le pertenecen, como son los servicios relativos al orden público, el sistema judicial o el banco central. La llamada exención de los “servicios públicos” presenta problemas similares, ya que solo les reserva a los Estados miembros de la UE el derecho a someter a determinados servicios a los monopolios públicos o a los derechos exclusivos: contiene demasiados resquicios que tampoco permiten una protección adecuada de los servicios públicos.

• Probablemente la mayor amenaza de los servicios públicos surja de las disposiciones relativas a la protección de inversiones de gran alcance consagradas en el CETA y previstas también para el TTIP. Dentro de un sistema denominado mecanismo de solución de controversias entre los inversores y el Estado (ISDS por sus siglas en inglés), miles de empresas de Estados Unidos y Canadá (así como las multinacionales con sede en la UE que estructuran sus inversiones a través de empresas filiales del otro lado del Atlántico) podrían demandar a la UE y los Estados miembros por los cambios reglamentarios dentro del sector de servicios que mermen los beneficios empresariales, algo que potencialmente les podría suponer indemnizaciones multimillonarias en compensaciones. Las políticas que regulan los servicios públicos, desde la limitación del precio del agua a las privatizaciones revocadas, ya han sido objeto de demandas de ISDS.

• Las diferentes reservas y exenciones en el CETA y el TTIP son inadecuadas para proteger de manera eficaz al sector público así como la toma de decisiones democráticas respecto a la manera en que se organiza. Este es el caso concreto, ya que las exenciones no se aplican por lo general a los niveles de protección de la inversión más peligrosos y los ISDS, convirtiendo a las regulaciones de los sectores de servicios públicos críticos, como son la educación, el agua, la salud, el bienestar social y las pensiones, en objeto de todo tipo de ataques de parte por parte los inversores.

• La Comisión Europea sigue las demandas de la industria de bloquear las liberalizaciones y privatizaciones presentes y futuras de los servicios públicos, por ejemplo, a través de los peligrosos mecanismos de mantenimiento de status quo y de trinquete, incluso cuando las decisiones del pasado hayan resultado en fracaso. Esto podría poner en riesgo la creciente tendencia de la remunicipalización de los servicios relativos al agua (en Francia, Alemania, Italia, España, Suecia y Hungría), las redes energéticas (en Alemania y Finlandia), y los servicios de transportes (en Reino Unido y Francia). El desmantelamiento de algunas de las privatizaciones del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) para fortalecer a los proveedores de asistencia sanitaria sin ánimo de lucro podría considerarse como una violación del CETA/TTIP, como lo podrían ser las nacionalizaciones y re-regulaciones dentro del sector financiero como las presenciadas durante la crisis económica.

Informe completo http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/public-services-under-attack.pdf