Desde Compromís nos preocupa que las condiciones de estas trabajadoras y trabajadores lleguen a estos extremos. Sobre todo las mujeres son las peores paradas, ya que 7 de cada 10 personas que reciben el salario mínimo en España son mujeres. El trabajo es un derecho recogido en la Constitución en el artículo 35 donde se establece el derecho “a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia” por ello los trabajos deben ser remunerados de una forma justa, de forma digna y suficiente para la satisfacción de las necesidades. La legislación laboral española ampara legalmente la posibilidad de la subcontratación y para muchos esto es beneficiario, pero ¿Quién se beneficia de este modelo de contratación? La respuesta es contundente, en la mayoría, por no decir en todas las ocasiones es la empresa la beneficiada. Desde Compromís, como ya se hace en el gobierno valenciano, se pretende prestar un servicio de atención y protección de los derechos laborales para luchar contra la precariedad, reforzar la inspección de trabajo e investigar la relación de estas empresas con sus trabajadores autónomos, las sanciones que aplica la empresa sobre el personal que no cumple con los objetivos, el recorte de libertad de los trabajadores o el método de facturación. Además instamos al Gobierno a cumplir la resolución que el Parlamento Europeo dictó sobre la economía colaborativa instando a los estados miembros a garantizar unas condiciones laborales justas, además de una adecuada protección jurídica y social para todos los trabajadores y las trabajadoras. Compromís propone la creación de un departamento especialista que cuide la aplicación de la Ley de Igualdad a las empresas con sanciones aprobadas por aquellas que reiteradamente incumplan la ley, planes de igualdad obligatorios para todas las empresas además de 50 trabajadores y trabajadoras.